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Movice denuncia exterminio a líderes de izquierda

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Autor

Carolina Moreno

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Carolina Moreno

Publicado

22 Mar 2016


Movice denuncia exterminio a líderes de izquierda

En el marco de la octava jornada en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, que se adelantó el pasado 15 de marzo, diversas organizaciones sociales se dieron citan en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para denunciar lo que consideran un “rearme paramilitar en Colombia”.

Este 2016 se cumplen ocho años de homenaje a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Los actos conmemorativos que suelen adelantarse cada 6 de marzo, en esta oportunidad tuvieron lugar el martes 15 de marzo. Diversas organizaciones sociales realizaron una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, acompañada de una rueda de prensa para exponer la situación de las víctimas de crimenes de Estado en Colombia. En departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Sucre se realizaron las tradicionales movilizaciones.

Y es que fue con movilizaciones que se hizo el primer homenaje a las víctimas, el 6 de marzo del 2008. Entonces, cerca de dos millones de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. La jornada, según lo señalado por sus convocantes, no era una respuesta a la marcha realizada ese mismo año, el 4 de febrero, contra las Farc. Por el contrario, aseguraban que era resultado de la crítica a la desmovilización paramilitar. “Aquí hay de fondo una discusión que es el problema de orden publico, el monopolio de la fuerza, el comportamiento de los funcionarios y de los miembros de la fuerza pública, y la relación con los grupos paramilitares que consideramos que en este momento con el instrumento que hay, que es la Ley de Justicia y Paz, no se resuelve de una manera satisfactoria”, declaró en su momento Iván Cepeda.

Para Soraya Gutiérrez, del Comité de Impulso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “las organizaciones habían tenido que enfrentarse a una Ley de Justicia y Paz negacionista, que no reconocía que en Colombia existieran víctimas diferentes a las generadas por el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas; personas que son víctimas del conflicto social y de las políticas sistemáticas y generalizadas creadas desde altos niveles del Estado que buscan eliminar a sectores alternativos que reivindican derechos, y que por lo tanto, son víctimas del Estado”.

Lo que inició entonces como una movilización para denunciar ese “negacionismo”, y hacer manifiesta la existencia de víctimas de crímenes cometidos por el Estado, se ha convertido con el paso de los años en una iniciativa de encuentro y memoria colectiva, que convoca a diferentes expresiones sociales en un esfuerzo por trascender lo aprobado por la Ley de Justicia y Paz, pero también para promover y fortalecer el diálogo entre organizaciones para la realización de propuestas judiciales y extrajudiciales de reparación integral, sanción moral y política.

Las jornadas de conmemoración del 6 de marzo han contado con un sinnúmero iniciativas en los diferentes departamentos del país, entre las que se cuentan galerías itinerantes de la memoria, foros de debate público, talleres de memoria, plantones y movilizaciones, fomentadas por organizaciones como la Asociación de Familiares y Víctimas de la Masacre de Trujillo, la Fundación Nicolás Neira, las Madres de Soacha, la Unión Patriótica, y el Movice, entre otras.

“Las víctimas han encontrado un escenario para poder recordar a sus seres queridos pero hacer memoria de quienes eran ellos es también hacer memoria de lo que reivindicaban, y de los procesos sociales que fueron destruidos. Por eso la memoria para nosotros es transformación, es poder decir que somos ciudadanos y ciudadanas con derechos, que no exigimos medidas paliatorias de reparación, sino medidas que ataquen las causas que han generado la criminalidad del Estado”, asegura Soraya Gutiérrez-.

Victimas advierten incremento de amenazas y asesinatos

En el octavo homenaje anual a las víctimas de crímenes de Estado, las organizaciones valoraron el trabajo adelantado a lo largo de los últimos años que les permitió exponer ante la mesa de conversaciones de paz de La Habana, la necesidad de que el quinto punto incluya la necesidad de contemplar la responsabilidad del Estado en la eventual comisión de la verdad.

“Allí hay un escenario, y allí vamos a seguir luchando para que haya reformas estructurales que permitan una depuración al interior del Estado, pues son instituciones como el Ejército y la Policía las que como caldo de cultivo, han alimentado la persecución contra el movimiento social y popular en Colombia”, señala Soraya Gutiérrez. Sin embargo, asegura que este logro se ve disminuido ante la realidad que viven actualmente las organizaciones de derechos humanos en Colombia; denuncian que las situaciones de riesgo y seguridad persisten para las víctimas de crímenes de Estado.

En el último mes se registraron 54 agresiones a líderes y lideresas sociales, y 28 asesinatos, entre los cuales se encuentran 13 líderes de restitución de tierras y de movimientos en defensa de los derechos humanos, y 15 asesinatos “en el marco de las mal llamadas acciones de limpieza social, parte de la estrategia de terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia (los grupos paramilitares)”, indicó Ángela Castellanos, de la Corporación Acción Humanitaria por la Convicencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.

Cabe recordar que en 2015 fueron asesinados 51 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia (Informe de Amnistía Internacional), y en 2014 fueron asesinadas 55 (informe Somos Defensores), lo que supondría un incremento cercano al 200% en asesinatos en el primer trimestre del año. Por otra parte, desde que se implementó la Ley de Justicia y Paz en 2005, 86 personas han sido amenazadas, atribuyendolas a las “bacrim” o parmilitares desmovilizados, y han sido asesinados 71 reclamantes de tierras (informe Human Right Watch 2013) con una sola condena a los autores materiales y sin investigaciones en curso respecto a los autores intelectuales.

Las organizaciones sociales participantes en la conmemoración aseguraron que “estos hechos constituyen una respuesta de sectores de ultraderecha ante los anuncios de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz con las Farc, como a los anuncios de los avances en los diálogos con el ELN”, por lo que solicitan a la mesa de diálogos de paz de La Habana y a los países garantes, que se cree una comisión del más alto nivel “que depure las instituciones del Estado que perpetúan la impunidad en Colombia, y que dé garantías de no repetición porque no es posible que a las puertas de la firma de un acuerdo de paz, se esté iniciando un segundo genocidio”.

Para el Movice, el homenaje a las víctimas de crímenes de Estado sigue siendo en el 2016 tan vigente como en 2008, en tanto el reconocimiento de la magnitud del fenómeno paramilitar, la reparación y no repetición, sigue siendo una tarea pendiente por parte del Estado colombiano.

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Condolencia por muerte de líderes indígenas

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CNMH

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CNMH

Publicado

17 Jul 2017


Condolencia por muerte de líderes indígenas

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica extendemos nuestras condolencias al pueblo Pijao del Sur del Tolima, especialmente a la familia de BENJAMIN VILLALBA Y ALBA MARIA YATE, quienes en camino al diálogo de memoria y saber previsto para el día 8 julio, en el marco de la construcción del Informe Nacional de Pueblos Indígenas, perdieron la vida luego de un accidente de tránsito. 

Para el CNMH es sabido el importante papel que desempeñaban estas dos personas con amplio conocimiento de las prácticas culturales propias de los indígenas pijaos, quienes trabajaron arduamente para fortalecer el proyecto organizativo del CRIT-ONIC y la misma pervivencia de los suyos como pueblo. Precisamente, la convocatoria realizada desde las autoridades tradicionales del CRIT para participar en la actividad, buscaba garantizar un diálogo entre indígenas de la Macro Centro-oriente de la ONIC, que por su saber y lucha materializan eso que se denomina como la memoria viva de los pueblos. 

Queremos resaltar que el CNMH en su conjunto y, los equipos de enfoque diferencial étnico y del Informe Nacional de Pueblos Indígenas, lamentan hondamente esta trágica situación, puesto que la pérdida de BENJAMIN y ALBA representan la partida de personas que con cariño y persistencia velan porque prácticas como la partería y el uso de la medicina tradicional, se conviertan en espacios desde los cuales la lucha de los pueblos avance y permita, de algún modo, sanar las profundas heridas que ha causado el conflicto social, político y armado en Colombia. 

Esperamos que estas circunstancias, aunque accidentales, se conviertan en una oportunidad para que la sociedad reflexione sobre los pendientes que se tienen en la obligación de proteger la diversidad cultural de la nación, tal y como quedo consignado en la carta constitucional de 1991, pero sobre todo, que la vida y siembra de estos sabedores sean vistos como semilla de fuerza, conocimiento y vida para el pueblo Pijao. 

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Lideres


Líderes

Continúan las amenazas a líderes sociales en el Cauca

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Autor

Cesar Romero

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Cesar Romero

Publicado

19 Jul 2017


Continúan las amenazas a líderes sociales en el Cauca

A pesar de que el gobierno nacional ha anunciado que tomará medidas para garantizar la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos, representantes del Espacio Regional de Paz del Cauca, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y la Red De Derechos Humanos Del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, denuncian amenazas hechas por parte del grupo “Defensores de la Democracia-Frente de Guerra Sur Oriental contra los comunistas”, contra  siete líderes sociales y un integrante de la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos-MAPP OEA.

Las amenazas, que fueron recibidas a través de un correo electrónico el pasado 30 de junio, rechazan todas las propuestas de la Comisión de Seguridad del Cauca y exigen el cese de actividades del Espacio Regional de Paz del Cauca, descartando las iniciativas de paz y garantías que vienen acordando con el gobierno.

De igual forma, las amenazas se han extendido no solo a los líderes sino a familiares y organizaciones sociales que promueven la Comisión Regional de Paz y la Mesa de Garantías del Cauca. En el texto, los “Defensores de la Democracia-Frente de Guerra Sur Oriental contra los comunistas” afirman rechazar las decisiones hechas después del plebiscito al igual que todos los procesos que se adelanten mediante el ‘Fast track’.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, a través del Informe Especial de Riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos”, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.

Aunque pareciera ser un fenómeno actual al verse en medio del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, lo cierto es que según datos de la ONG Somos Defensores, la Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de más de mil amenazas registradas a defensores de derechos humanos por parte de grupos paramilitares o grupos armados ilegalmente entre 2014 y 2016. Para varios casos registrados en  el Cauca, se responsabilizó presuntamente a disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Amenazas, Líderes

Con los Pueblos indígenas y sus luchas

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Autor

César Romero

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César Romero

Publicado

12 Abr 2018


Con los Pueblos indígenas y sus luchas

A propósito del 9 de abril, día de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Conmemora Radio, dedicó su pasada emisión a reflexionar en torno a las implicaciones diferenciales que tiene el asesinato a líderes y lideresas indígenas en la presente coyuntura.


Por: Equipo Redacción CNMH

Entre 1959 y 2017, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, fueron asesinados 615 autoridades y líderes indígenas. Mientras que de 2016 a 2017, también el Observatorio, reportó 24 muertes de personas indígenas. Por su parte, el conteo de la ONIC, desde el inicio del proceso de paz, 2012 a la fecha, asegura que van 48 personas indígenas que han perdido la vida a consecuencia de su liderazgo dentro de las comunidades, mientras que otras 133 han sido amenazadas. Su muerte, además de afectar profundamente los procesos de defensa de los derechos, que ellos y ellas apalancaban, supone unas rupturas de tejidos y relaciones dentro de las cosmovisiones propias de los pueblos.

Ante esta preocupante situación, Oscar Montero, indígena del Pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, manifestó que “en Colombia habitan 102 pueblos indígenas, de los cuales 36 están catalogados o determinados por parte de la Corte Constitucional como Pueblos indígenas en vía de extinción física y cultural a causas del conflicto armado”. Y, complementó, “las sistematicidad de asesinatos a líderes indígenas no obedece únicamente a un tema de coyuntura y es un tema que se ha mantenido siempre”.

Preocupante resulta analizar cuáles son los departamentos donde más se han presentado casos contra los pueblos indígenas, sobresaliendo Nariño, Cauca y Chocó. Territorios que se ven afectados, no solo por los asesinatos de sus autoridades, sino que se producen a la par de otros hechos victimizantes como desplazamientos masivos forzosos, confinamiento, reclutamiento forzado y atentados. Todo esto pone en evidencia una grave situación humanitaria que padecen varias comunidades y pueblos indígenas en Colombia.

Las organizaciones indígenas y sociales, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han manifestado respecto a la vulnerabilidad en la que históricamente han estado los pueblos indígenas, al no ser garantizados sus derechos, y cómo esta situación se ve reflejada en los actuales asesinatos y amenazas a los líderes y las lideresas que defienden los derechos de los pueblos.

 

La principal problemática que vive actualmente el acuerdo de paz, entre el Gobierno y las FARC, se vive con los crímenes contra líderes sociales en el país. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados entre 2013 y 2018 según el Informe Anual del Programa Somos Defensores, titulado ‘Una piedra en el zapato’, que denuncia la grave situación que están viviendo en las regiones del país los defensores de derechos humanos. “Si bien es de suma importancia —dice la investigación— reconocer que el silencio de los fusiles trajo consigo que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años (24 por cada 100 mil habitantes), esta tasa de homicidio se disparó de manera focalizada en los defensores y defensoras de DD.HH”.

Según el informe, los homicidios contra este grupo de la población se elevaron de 78 casos en 2013, a 55 casos en 2014, 63 casos en 2015, 80 en 2016, 106 en 2017 y en 2018 se han presentado 18 líderes asesinados sólo en los primeros 31 días del año.

Llamando la atención sobre este tema, no repetir nuestro pasado y proteger el presente, ‘Una piedra en el zapato’ coloca el dedo en la llaga sobre tres puntos esenciales para blindar a nuestros defensores de derechos humanos.

El primero es que sin lugar a dudas esta sigue siendo una profesión de alto riesgo en Colombia. “El ejercicio de estos activistas y líderes se considera ‘un estorbo’ en los territorios para quienes tienen intereses de poder en los mismos y ven en los defensores un potencial peligroso para sus objetivos”, explica el informe. Son personas que están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, con enfoques étnicos y poblacionales: campesinos, indígenas, afrodescendientes o Juntas de Acción Comunal de zonas rurales en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Chocó y Cesar, donde ha existido históricamente presencia de grupos armados ilegales. “Igualmente estas zonas corresponden a escenarios donde se desarrollan operaciones militares del Estado colombiano correspondientes al ‘copamiento’ de zonas ex–FARC”, dice ‘Una piedra en el zapato’.

El segundo punto en el que llama la atención el informe tiene que ver con la implementación del Acuerdo de paz. Allí se enumera de forma categórica algunos de los obstáculos que ha sufrido en su camino este Proceso, pero que de alguna manera se han logrado sortear. Por ejemplo los cambios jurídicos realizados por el Fast Track, la constitución e implementación de la Justicia Especial de Paz (JEP), los problemas de la sustitución de cultivos uso ilícito, la restitución de tierras, la amenaza constante contra el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las disidencias de las FARC y los nuevos grupos que generan conflictividades.

Asimismo la investigación establece que es necesario aprovechar que el Acuerdo brinda una serie de herramientas que deben ser aplicadas para la protección de los líderes sociales. Las principales son: Unidad Especial de Investigación; Comisión de Nacional de Garantías de Seguridad y el Programa Integral de Seguridad.

La intención del Programa Somos Defensores en su investigación es analizar todas las aristas de este flagelo. A partir de ellos realza un tercer punto donde analizan el papel que han jugado todas las instituciones del gobierno para velar por el bienestar de los líderes sociales, desde la Fiscalía, pasando por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría, hasta la Defensoría del Pueblo.  

Una deuda pendiente con los líderes sociales

La realidad es que el camino a una construcción de paz, debe centrarse en la protección de aquellos territorios que siempre han estado en el olvido. Es muy difícil que la paz sobreviva con el asesinato sistemático de los líderes y lideresas sociales. Los territorios están a merced de poderes locales que buscan controlarlos a toda costa y su mayor objetivo es silenciar a quienes los protegen.

En el programa de radio se abordaron las causas y las consecuencias de estas amenazas, que en los pueblos indígenas afecta su gobernabilidad, autonomía e incluso pervivencia. También, se habló de la forma como las personas de los pueblos indígenas comprenden estas dinámicas del conflicto, no como una parte de la terminación del mismo, sino como un continuo de violencia que tiene sus primeras manifestaciones en la conquista, y que ha variado a lo largo del tiempo, pero que sigue teniendo de fondo raíces de discriminación y falta de acceso a derechos fundamentales.

Les invitamos a escuchar esta emisión de Conmemora Radio, que contó con las voces de dos líderes Nasa y Awá, en el territorio, y tuvo como invitado a Oscar Montero, Indígena Kankuamo que trabaja para la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC y Oscar Pedraza, investigador del CNMH.

 

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Conmemora Radio, Indigenas, Líderes

Lanzamiento revista Conmemora: un homenaje a líderes y lideresas

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María Paula Durán

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María Paula Durán

Publicado

07 Dic 2018


Lanzamiento revista Conmemora: un homenaje a líderes y lideresas

  • El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, lanzamos la sexta edición de la revista Conmemora: un reconocimiento a los líderes y lideresas del país que persisten en su lucha, a pesar de la violencia que quiere acallarlos. Y una exigencia para que se les garantice una vida digna y segura.
  • A las 6:00 p.m. del próximo lunes estaremos en el Espacio Odeón de Bogotá (Carrera 5 #12c – 73) realizando una “estampatón” de camisetas, entregando la revista y compartiendo con algunos de sus protagonistas. ¡Todas y todos están invitados a celebrar la vida de quienes protegen y defienden nuestros derechos!

En esta sexta edición de la revista Conmemora, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) les rinde homenaje a los líderes y lideresas sociales, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se enfrentan a las injusticias, desigualdades y exclusiones, y que por su labor dentro de sus comunidades están en riesgo o han sido el blanco de acciones criminales en nuestro país. Este lunes 10 de diciembre lanzamos la revista en el Espacio Odeón de Bogotá (Carrera 5 #12c – 73, 6:00 p.m.) y un especial web.

“Los asesinatos de líderes y lideresas se están haciendo de cara a la sociedad de manera desafiante, y una parte de ella ha respondido esta vez de forma contundente y clara con su oposición a la muerte violenta y al exterminio. Hemos perdido muchos líderes, nos han arrebatado a varias lideresas. No obstante, la paz que hemos alcanzado nos pertenece también a nosotros; por ello es nuestra obligación exigir que los líderes y lideresas tengan una vida digna y segura y puedan seguir siendo voceros de intereses de la sociedad y de la humanidad”, escribió en el editorial el saliente director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez Gómez.

En esta edición conocerán la historia de Ruth Uriana, una joven de 19 años que está ejerciendo un liderazgo cultural en Riohacha, con toda la grandeza y la valentía que le enseñó su padre, también líder. Su principal bandera es el rescate del arte y de los tejidos wayúu, para subsistir y no dejar morir su cultura.

También reconstruimos la historia de Narcilo Rosero, líder del Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura, y uno de los encargados de continuar con la lucha por el territorio que abanderó el líder Temístocle Machado, asesinado el 27 de enero de 2018.

Otra de las protagonistas de la revista es Yesaira Torres, lideresa de la población LGBT de Barrancabermeja, considerada “la madre de las trans” de ese municipio. Cuando la guerra entre fuerza pública, guerrillas y paramilitares estaba en su peor momento, enfrentó a los comandantes de las autodefensas.

En esta revista le rendimos un homenaje a Holmes Alberto Niscué, un líder indígena nasa-awá asesinado el 19 de agosto del 2018, a quien entrevistamos en su resguardo en mayo pasado, luego de que las disidencias de las FARC dirigidas por alias ‘Guacho’ hicieran presencia en ese territorio.

Y esta edición de Conmemora es también un reconocimiento a Jesús María Pérez, el guardián de la memoria campesina de los Montes de María, quien murió el pasado 23 de octubre a los 84 años. ‘Chucho’ fue el defensor de la memoria campesina de esta región del Caribe colombiano, y enfrentó toda su vida a la imposición, la tiranía y las injusticias contra los campesinos.

¡Todas y todos están invitados este lunes 10 de diciembre, en el Espacio Odeón de Bogotá (Carrera 5 #12c – 73), a celebrar la vida de quienes defienden nuestros derechos!

 

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Conmemora, Líderes, Lideresas, Memoria, Paz, Revista, Vida

Lo que han costado las luchas sindicales del sector palmero en el Cesar

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CNMH

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CNMH

Publicado

24 Ene 2019


Lo que han costado las luchas sindicales del sector palmero en el Cesar

  • Entre 1971 y 2018 fueron asesinados 112 miembros de diferentes organizaciones sindicales de la industria de aceite de palma del Cesar, según una investigación realizada por Sintraproaceites, Fundesvic y el CNMH.
  • Un informe, una crónica ilustrada y una serie radial componen el proyecto “Y a la vida por fin daremos todo…”, que reconstruye la historia de trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de palma de aceite de ese departamento.

Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América Latina. La llegada al país de la palma de aceite de África, en la primera mitad del siglo XX, no solo permitió florecer el negocio de los jabones, detergentes y cosméticos. El arribo de estos gigantes de unos 20 metros de altura también está marcado por una estela de violencia, desplazamiento forzado, persecución y muerte, que los sindicalistas del Cesar no quieren que se olvide.

En el informe “Y a la vida por fin daremos todo…”, cerca de 80 integrantes de las organizaciones sindicales del sur y norte del Cesar reconstruyen las victorias, sacrificios y luchas sindicales de los trabajadores del sector palmero de este departamento. Este proyecto, conformado además por una crónica ilustrada y una serie radial, fue realizado por el Sindicato del Sector Palmicultor del departamento del César (Sintraproaceites), la Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia en Colombia  (Fundesvic) y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

  • “El regreso de la plantación: 2500 trabajadores a punto de explotar”.

  • Movilización sindical en San Alberto, años ochenta. Destacada participación de las mujeres organizadas en comités.

  • Sepelio de líder sindical, San Alberto, años ochenta.

La llegada de la palma de aceite al Cesar está rodeada de muchos mitos. Pero todos coinciden en que las primeras semillas arribaron a los municipios de El Copey y Algarrobo, en el norte del departamento, a finales de la década del 50. Por esa misma época también se establecieron los primeros cultivos de palma en el sur del departamento, concretamente en San Alberto, lo que una parte de la población celebró pues significaba la reactivación económica de esa región. En cambio para otros, principalmente para los colonos que habían llegado a ese territorio años atrás, la llegada de la palma significó una disputa por tierras, compras a bajo precio y despojos realizados por la empresa promotora del cultivo. Años más tarde algunos periodistas hablarían de la “República Independiente de Indupalma”, haciendo referencia al particular régimen laboral que imperaba en la zona, a los problemas de tierras, al control de los gobiernos locales, y a la influencia política y económica de los empresarios palmeros en el alto gobierno y el poder judicial.

Escuche aquí “La creación”, un podcast acerca del nacimiento de Sintraproaceites.

Desde un comienzo, los nuevos habitantes de las plantaciones empezaron a mirar con reserva sus condiciones laborales. Y muy rápido, los trabajadores vinculados bajo la figura de contratistas empezaron a expresar su descontento. Las precarias condiciones laborales, su aspiración de ser contratados a término indefinido acabando con el régimen de contratistas, y los bajos salarios, desembocaron en una histórica huelga realizada entre el 16 de agosto y el 12 de septiembre de 1977. Gracias a este hecho se lograron subsanar las principales necesidades de los empleados del sector palmero, pero los líderes sindicales se convirtieron en el blanco de señalamientos y amenazas por “guerrilleros”, “sapos”, “acaba-empresas” y “acomodados”. Además, los logros de la huelga fueron empañados por el secuestro de Hugo Ferreira Neira, gerente de Indupalma, a manos de la guerrilla del M-19. La liberación del empresario fue supeditada por la guerrilla, a la aprobación del pliego de peticiones presentado por los trabajadores ante la empresa Indupalma.

El 26 de octubre de 1986 dos impactos de bala provenientes de una escopeta doble cero y un revólver, acabaron con la vida del líder sindical Agustín Durán en el municipio de Minas; aún se desconocen los móviles y perpetradores de este asesinato. Él fue la primera víctima de una persecución armada, encabezada por los precursores de los grupos paramilitares, que entre 1971 y 2008 dejó 112 víctimas de asesinato selectivo en el sur y norte del Cesar. El Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica, estima que entre 1958 y 2018 un total de 3.146 líderes sociales fueron víctimas de asesinato selectivo en Colombia.

Escuche aquí “El difícil camino para la obtención del fruto”, un podcast sobre los impactos de la violencia contra los miembros y exmiembros de Sintraproaceites.

El próximo septiembre se cumplen 42 años de la histórica huelga de 1977. Y a pesar de que algunos tipos de violencia desaparecieron con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, los miembros y exmiembros de Sintraproaceites siguen luchando en contra de los estigmas construidos contra la organización sindical y sus afiliados, y también por el cumplimiento de las convenciones colectivas de trabajo y la formalización de los trabajadores empleados a través de cooperativas.

Escuche aquí “La vulnerabilidad del sindicalismo”, un podcast que ahonda en los estigmas y acusaciones que rodean a quienes han pertenecido a Sintraproaceites.

Recorra la historia completa de esta comunidad a través de una crónica ilustrada y un informe que desde hoy podrán ser consultados.

 

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CNMH, Líderes, Palma de Aceite, Sindicalismo, Violencia

Lideresa wayúu Débora Barros Fince denuncia atentado en su contra

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Jesús Abad Colorado

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Jesús Abad Colorado

Publicado

28 Ene 2019


Lideresa wayúu Débora Barros Fince denuncia atentado en su contra

El CNMH hace un llamado para que estos sucesos sean investigados con el mayor rigor posible, se identifique a los responsables y se tomen los correctivos necesarios para que líderes y lideresas de derechos humanos, no se vean sometidos a ninguna clase de intimidación por la labor que realizan.


El pasado domingo 27 de enero Débora Barros Fince, lideresa wayúu víctima de la masacre de Bahía Portete,  denunció un atentado en su contra. Según su relato, sobre las 5:30 de la tarde estaba arribando a pie a su casa cuando su esposo, al ver que el parrillero de una moto que se dirigía a ella llevaba un arma en la mano, le gritó que corriera. Débora aprovechó que un carro se le atravesó a la moto y corrió hacia una casa vecina para protegerse.

En el 2004 los paramilitares asesinaron a seis personas en el corregimiento de Portete (Uribia, La Guajira). Cuatro de ellas eran matronas de la comunidad; incluida la tía de Débora, Rosa Fince. Débora ha sido una destacada lideresa de los indígenas wayúu, se desempeñó como secretaria de Gobierno de La Guajira y ha denunciado reiteradamente hechos de corrupción en el departamento. Su hermana Telemina Barros también es una reconocida promotora y defensora de derechos humanos, y hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas de La Guajira. Las hermanas Barros Fince señalan que desde finales del 2016 no cuentan con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Desde entonces, las amenazas e intimidaciones en su contra han aumentado.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hacemos un llamado para que estos sucesos sean investigados con el mayor rigor posible, se identifique a los responsables y se tomen los correctivos necesarios para que líderes y lideresas de derechos humanos, no se vean sometidos a ninguna clase de intimidación por la labor que realizan.

El CNMH reitera que es necesario proteger las vidas y libertades de quienes defienden los derechos de las comunidades, y pide que estos episodios sean atendidos debidamente por las autoridades. Acompañamos a Débora, a su hermana Telemina y a toda su familia.

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Conflicto Armado, Derechos Humanos, Líderes, Lideresas, Protección


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