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Autor

María Durán

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María Durán

Publicado

26 Ene 2017

Los testimonios de las víctimas de minas antipersonal

Colombia, el segundo país en el mundo con más afectaciones por minas antipersonal, contará con el primer informe de memoria histórica sobre este flagelo este 2017. Sus resultados fueron validados en las regiones más afectadas por estos artefactos explosivos.


El informe, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la fundación Prologar, da cuenta de los grandes daños sufridos en los territorios y comunidades afectadas por el uso de estos artefactos, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en 1997. La publicación, con base en la memoria histórica, pretende hacer una serie de recomendaciones a la política pública que atiende las afectaciones por las minas y la prevención de incidentes causados por estos artefactos. Además, es el primero de su tipo en documentar las vivencias de víctimas civiles y de miembros de la fuerza pública.

La metodología, empleada por la fundación Prolongar, tiene un fuerte énfasis en el uso del cuerpo, teniendo en cuenta que los efectos de las minas antipersonal recaen en gran medida sobre el cuerpo de quienes sobreviven; muchos de ellos presentan discapacidades resultantes de los incidentes con los artefactos. El informe también incluye una guía de esta propuesta metodológica para futuros trabajos con víctimas.

Validado por las víctimas

En 2016 la fundación Prolongar, con apoyo de la fundación Konrad Adenauer, llevó a cabo tres diálogos de memoria en tres de las regiones más afectadas por el uso de MAP (Minas Antipersonal). Allí se presentaron y validaron los resultados que serán presentados por en el informe este 2017. En cada región se contó con presencia de víctimas, tanto militares como civiles.

La primera presentación se realizó en Pasto. En Nariño el informe trabajó en los municipios de Ricaurte y Samaniego. Allí, la cercanía con la frontera colomboecuatoriana y las dinámicas que movieron a varios grupos armados en esa región, propiciaron la expansión del uso de minas en el territorio, algunos habitados por indígenas awá.

Cristian, sobreviviente civil y oriundo de Nariño, dice que la importancia del informe radica en que “las problemáticas de nuestro departamento necesitan ser visibilizadas porque los sobrevivientes de minas enfrentan barreras. En el caso de la pensión, la salud, no cumple el Estado las leyes al pie de la letra. Esta es una manera, que por medio de la memoria histórica se visibilice ante todo Colombia que hay muchos problemas y falencias: de salud, culturales, financieros. Y así se pueden minimizar estos problemas”.


 

La segunda presentación se realizó en Medellín, que atiende a la mayoría de personas afectadas por minas en Antioquia, departamento que, en 2016, recibió el 17% de las víctimas del país. Además allí funciona una de las estructuras más grandes y con mayor capacidad para asistir a los miembros de la fuerza pública, víctimas de minas antipersonal, y que están ubicadas en las instalaciones de la VII División del Ejército.

El mayor de infantería de marina, Miguel Perdomo Flórez, fue víctima de minas antipersonal en el Paramillo, Antioquia. Para él es muy diciente que en Colombia, el 60% de las víctimas de minas sean integrantes de la fuerza pública y que un informe de este tipo es un reconocimiento a estas personas, cuyo proyecto de vida se ha truncado por esta arma de guerra proscrita por el DIH. Además, indica que “hacer memoria es tener la oportunidad de recordar, desahogarse, que estas experiencias sirvan de ejemplo para que otras personas no sufran”.

 

 

Finalmente, el informe se presentó en Villavicencio, departamento del Meta, donde se encuentra el municipio más afectado por minas antipersonal en Colombia: Vista Hermosa. Un sobreviviente, que pidió proteger su identidad, considera que “lo fundamental de estos procesos es poderle demostrar en la parte educativa a los jóvenes, por qué la guerra no es buena, por donde se le mire. Hay víctimas de campos minados, de confrontaciones armadas, una cantidad de problemáticas que son dañinas para la humanidad. Es importante demostrar que no se deben repetir”.

 

 

En total, el informe recogió los testimonios de 160 víctimas directas e indirectas, de los cuales 66 son mujeres, 21 niños, niñas y adolescentes; 42 son indígenas y 90 son suboficiales víctimas del Ejército. Además de los departamentos ya mencionados, la investigación se llevó desarrolló también en Norte de Santander, el bajo Putumayo y montes de María (Bolívar y Sucre).  Su lanzamiento, a nivel nacional, será en abril de 2017.

 


Publicado en Noticias CNMH


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